La intervención del regidor ponferradino ante los vecinos concentrados en Flores del Sil, contra la antena de telefonía móvil, deja bien a las claras su postura favorable a la instalación indiscriminada de este tipo de equipos de radiofrecuencia.
Siguiendo el manual práctico, redactado por las empresas de telefonía para la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Sr. Riesco no duda en hacer dejación de sus funciones como responsable municipal en cuanto a la ordenación urbanística, y a la regulación de los impactos sobre la salud de los ciudadanos que lo han elegido como alcalde.
Si el Sr. Riesco piensa que no tiene capacidad para determinar en qué casos, cómo, y dónde se deberían permitir este tipo de equipos impactantes para la población, debiera asumir su incompetencia y renunciar al sillón consistorial que ocupa gracias a los votos de la población afectada. Hay que recordar que el équipo técnico que asesora al alcalde, hasta el momento, ha sido capaz de sortear todas las dificultades a la hora de aplicar la voluntad política del PP en nuestra ciudad. Siendo así, esta claro que no nos encontramos ante una imposibilidad técnica o legal para regular racionalmente la infraestructura en cuestión, sino más bien una falta de voluntad política para hacerlo.
A falta de algún inconfesable motivo, no encontramos ninguna razón para que el equipo de gobierno de Ponferrada no tome en consideración numerosos informes de la OMS y de las autoridades europeas, que recomiendan prudencia a la hora de desplegar la infraestructura de antenas. Las últimas declaraciones del Sr. Riesco ni siquiera niegan los riesgos inherentes a las radiofrecuencias, sino que se escudan en dudosas cuestiones legales que le "impiden" materializar la petición vecinal.
Sostener esto es como decir que la regulación administrativa que permite el despliegue de antenas no entra en consideraciones científicas ni de salud pública, cuando son estas dos consideraciones las que justifican la adaptación de la normativa, a la realidad existente en cada momento y en cada lugar.
Los argumentos peregrinos utilizados por el alcalde de Ponferrada llegan a sostener que la homologación de estos equipos permite su instalación indiscriminada. Decir esto, es como defender que la homologación de los automóviles les permite circular a 250 km/h en vías públicas.
En definitiva, todos estos elementos parecen indicar cierta disfunción en la persona del Sr. Riesco, ante la dificultad de desempeñar su cargo de alcalde, representando (y protegiendo) a la ciudadanía, y el de miembro de la FEMP, defendiendo el acuerdo con las empresas de telefonía.
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